Conviene recordar, y no por conocido debe ser olvidado, que el efecto devastador de la talidomida en la producción de malformaciones fetales ha sido una de las mayores tragedias de la farmacología moderna. La reparación del daño por parte del fabricante ha sido en España un escándalo social y judicial. La reciente denegación de la indemnización decretada en primera instancia, por la "prescripción" del "delito", es una burla a una administración de justicia basada en la honestidad y no en la deficiente redacción de las leyes que quieren impartir "justicia" en España. Ahorrarse un dinero es el único objetivo que guía a una multinacional de brillantes ingresos en su abandono de la reparación debida en "justicia" y en decencia social.
He hablado de este tema en dos ocasiones previas, y por ello, ante la indignación provocada por la reciente sentencia, me he unido a la siguiente carta dirigida al laboratorio Grünenthal.
“Un momento lleno de armonía natural nos hace desear que los segundos se alarguen […] Contergan nos ofrece paz y sueño. Este inofensivo medicamento no afecta […] y es bien tolerada incluso por los pacientes más sensibles. Sueño y paz: Contergan, Contergan forte” (Publicidad de la talidomida por los Laboratorios Grünenthal)
Los profesionales de la medicina reconocemos la contribución
que la industria farmacéutica ha producido en la mejora de la salud de las
personas. Desde el descubrimiento y comercialización de la acetofenidina
en 1885 hasta la actualidad, muchos han sido los éxitos en la investigación
farmacéutica que nos han permitido contar con un amplio arsenal
terapéutico para combatir un gran número de enfermedades. La sífilis, el
asma bronquial o el síndrome de Seehan del posparto, por poner algunos
ejemplos, son enfermedades graves a las que podemos responder y conseguir
que las personas que las sufran puedan recuperar una vida digna.
Pero en ese camino ha habido algunos éxitos y muchos
fracasos, se ha tenido que abandonar muchas moléculas prometedoras que no han cumplido
sus expectativas, bien por sus interacciones farmacológicas no previstas, o
bien por sus reacciones adversas sobre las personas. Con el desastre de la
Talidomida, por la que unos 20.000 bebés nacieron en todo el mundo con
severas malformaciones, se desarrollaron nuevos mecanismos de seguridad y se
establecieron controles y filtros de las nuevas moléculas antes de su
comercialización. Así, la Talidomida no solo fue un caso de perjuicio a un
grupo de personas, también marcó un antes y un después en la seguridad farmacológica
de la población y, por lo tanto, fue un ejemplo paradigmático de lo que no se
debe hacer.
Esta mejora en la seguridad del paciente ha elevado los
costes de investigación y cambiado las vías de financiación. La industria
farmacéutica ya no afronta sola el coste de la investigación sino que esta se
produce mediante un sistema mixto con participación tanto privada como pública.
A pesar de ello, los beneficios económicos obtenidos son solo privados.
España es el único país europeo en el que las víctimas de la
talidomida no van a recibir ayudas y eso produce una indignación añadida, huele
a injusticia social europea. Aquí fue uno de los países en donde más preparados
se comercializaron y se supone que, en la actualidad, es donde quedan más
afectados vivos. Pero mientras que los tribunales españoles han reconocido que
el delito está prescrito, Grünenthal lleva décadas pagando a los afectados
alemanes, ingleses e italianos. Los primeros, desde 2013 pueden llegar a
percibir casi 7.000 euros mensuales según grado de discapacidad; los ingleses e
italianos pueden llegar a los 4.000 euros al mes. Sin ir más lejos, el año
pasado se acordó un pago indemnizatorio a los afectados neozelandeses y
australianos de casi 60 millones de euros.
Grünenthal España afirma que quiere contribuir “de manera
integral y exhaustiva a restablecer la salud y mejorar la calidad de vida de
las personas” (Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2009 – 2010) y eso
es justo lo que le pedimos que haga desde esta carta abierta para con las
víctimas españolas de la Talidomida. Que no haya que llegar a la sentencia del
recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que reconozca su deuda histórica
con las víctimas y que les pague a los afectados los 20.000 euros por
cada punto porcentual de discapacidad, como decía la sentencia anterior,
sin necesidad de que tengan que presentar el frasco de Softenon o cualquier
otro de los seis que se comercializaron en España entre 1957 y 1963.
Somos muchos los profesionales de la medicina que nos
sentimos muy decepcionados con la forma de actuar del laboratorio y
consideramos que la argucia legal empleada empaña profundamente su prestigio.
Probablemente, hasta que no reparen esta injusticia, a muchos de nosotros nos
costará más de lo habitual prescribir sus productos teniendo en cuenta que
otros laboratorios ofrecen alternativas idénticas.
Tanto los médicos firmantes de esta carta como otros muchos
compañeros de profesión estamos convencidos de que nos sentiríamos aliviados si
no fuera necesario adoptar este tipo de medidas y, con el ánimo de reparación
de la injusticia social que Grünenthal está produciendo sobre las personas
afectadas por la Talidomida en España, solicitamos a los responsables del
laboratorio que reaccionen convenientemente e indemnicen a las víctimas.
Firmantes de la carta: José Martínez López; Vicente Baos
Vicente; Salvador Casado Buendía; Enrique Gavilán Moral; Juan Gérvas; Abel
Novoa Jurado; Javier Padilla Bernáldez; Juan Antonio Sánchez Sánchez
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