La sanidad pública española no es gratuita. Se financia por los impuestos y por una serie de "copagos" directos en relación a los medicamentos y otros productos sanitarios. Las personas "activas", es decir no pensionistas porque los parados también pagan, abonan el 40% del precio venta al público de los medicamentos recetados. Los afiliados a MUFACE, ISFAS y Mutualidad General Judicial abonan el 30%, tanto los activos como los pensionistas; además tiene subvenciones a otros productos que en el régimen general no se tiene. Hay limitaciones a este pago en base al precio final del medicamento o al valor que se le da al mismo (cícero o punto negro) en todos los colectivos.
Un reciente estudio del Parlamento Europeo: Differences in cost of and access to pharmaceutical products in the EU, nos mostraba nuestra situación de coparticipación de los pacientes en el pago de la factura farmacéutica: muy baja pero superior al Reino Unido.
El Reino Unido (RU) tiene muy descentralizada la gestión de su National Health Service (NHS). Si en España nos escandalizamos de algunas situaciones dispares de nuestras autonomías -el diferente calendario vacunal es la más llamativa-, nos escandalizaríamos aún más si como en el RU vemos que en Inglaterra se paga por un concepto que no se paga en Gales, Irlanda del Norte y Escocia. En Inglaterra, los pacientes pagan por cada receta prescrita, independientemente del medicamento que reciben, con una larga serie de excepciones a embarazadas, estudiantes, enfermedades crónicas, menores de edad, etc.; mucho más amplias que las que se efectúan en España. Los precios son los siguientes: cada receta aislada se abona a £7.40, pero se pueden sacar certificados prepago trimestrales por £29.10, lo que produce ahorro si necesitas cuatro o más recetas cada trimestre. Si se obtiene el abono anual de £104.00 hay ahorro si necesitan 15 o más recetas en un año. Evidentemente, las recetas en el RU no son una receta por caja, esa lacra española inamovible al paso de los años y los políticos por el Ministerio de Sanidad. Los ingresos que obtienen por esa tasa a las prescripciones son alrededor de 450 millones de libras. Sin embargo, recientemente, Escocia ha renunciado a cobrar por las recetas, uniéndose a Gales e Irlanda del Norte.
Todo el debate sobre el ahorro sanitario, como vemos, no está siendo solo cobrar más, copago, etc. Mejorar la gestión para ahorrar costes y optimizar los fármacos que se utilizan para evitar despilfarros con una financiación selectiva podrían tener más impacto que cobrar más a la gente, en un contexto español de un gran número de parados y pensiones bajas. Las decisiones no son fáciles y todas conllevan importantes implicaciones sociales y económicas, pero estaría bien que un grupo independiente, ajeno a las presiones "lobistas" y honesto, efectuara una evaluación de las distintas posibilidades, más allá del debate político cortoplacista.
Independientemente del pago por acto receteril (y del descuento múltiple que me recuerda a los bono de metro), creo que la financiación selectiva de medicamentos en RU excluye fármacos menores o de complacencia.
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