 |
| Españas Foto original de Vicente Baos |
Durante las últimas semanas, y durante los próximos días, la importante reforma de la asistencia sanitaria en España que pasa de ser universal para todos los españoles y habitantes reconocidos de nuestro país, a depender de un sistema de aseguramiento con titulares y beneficiarios, ha provocado un encendido debate sobre la justicia y racionalidad de dejar fuera del sistema sanitario público a más de 900.000 personas.
Mi postura, y la del colectivo profesional al que pertenezco (la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria), ha sido clara. No podemos dejar fuera de un sistema sanitario público a un conjunto de personas que residen en nuestro país y ya están siendo atendidos por diversos problemas de salud.
Durante años, sucesivos gobiernos se han aprovechado de la entrada masiva de inmigrantes atraídos por el desarrollo de nuestro país, basado en una burbuja económica que favorecía la mano de obra barata, los créditos bajos y la especulación. Cuando todo se ha caído, y nadie con responsabilidad en la gestión supo modificar ni corregir, la crisis financiera y económica que ha creado precisa de chivos expiatorios y culpables: los primeros, los inmigrantes irregulares o aquellos que han perdido la legalidad al perder el trabajo (personas desechables). Mucha gente empieza a no cumplir los criterios para la renovación del permiso de residencia y trabajo, pasando a la ilegalidad
Durante años, sucesivos gobiernos se han aprovechado de la entrada masiva de inmigrantes atraídos por el desarrollo de nuestro país, basado en una burbuja económica que favorecía la mano de obra barata, los créditos bajos y la especulación. Cuando todo se ha caído, y nadie con responsabilidad en la gestión supo modificar ni corregir, la crisis financiera y económica que ha creado precisa de chivos expiatorios y culpables: los primeros, los inmigrantes irregulares o aquellos que han perdido la legalidad al perder el trabajo (personas desechables). Mucha gente empieza a no cumplir los criterios para la renovación del permiso de residencia y trabajo, pasando a la ilegalidad
Un número amplio de profesionales sanitarios y población general han reaccionado pronunciándose en contra de esta medida, pero también, otros españoles han dado rienda suelta a la xenofobia y a los comentarios del tipo "si tanto te preocupa págalo tú". La sociedad en épocas de crisis se vuelve más egoísta, en este caso, sin darse cuenta de que el cambio de modelo puede tener repercusiones más allá del hecho concreto.
Desde hace tiempo venimos viendo que en las relaciones entre las distintas autonomías existen "discriminaciones" y asimetrías en la atención que se ofrece. Pacientes que tienen que ser atendidos fuera de su centro habitual o de su comunidad autónoma, ven mermada su disponibilidad por razones burocráticas (hacer recetas, petición de interconsultas...). Podíamos llegar al extremo de que la tarjeta sanitaria andaluza no sirviera en Madrid o en Cataluña y viceversa. Al foráneo, al extranjero, se le ve ajeno a "lo nuestro" y uso este paralelismo para relacionar al inmigrante irregular y al españolito fuera de su terruño autonómico. La visión localista de los derechos de los enfermos y sus necesidades, tanto desde una perspectiva local, autonómica o internacional, ha sido transmitida a la población por gestores que solamente piensan en la asignación poblacional de sus recursos, lo que provoca que todos los ajenos (nacionales o importados) molesten y sean fuente de un gasto que no está contabilizado ni contemplado, y por ello, hay que procurar evitar.
La reforma sanitaria debe ir dirigida a garantizar un acceso igualitario y justo para todas las personas que residan en el territorio español, incluidas aquellas no reconocidas por la Administración con residencia legal. Para ello, los servicios sociales deberían evaluar a aquellos solicitantes que carezcan de recursos económicos y así se evite picarescas injustas. Eso supone reconocer y evaluar a las personas que actualmente viven en una especie de limbo o "apartheid" social y sanitario de una economía sumergida alimentada por muchos españoles que se aprovechan de ella.
en el fondo sois unos peseteros todos, si os quitan la mitad de los complementos de la nómina incluyendo el de nº de cartillas os importaría los 900mil sinpapeles bastante poco.
ResponderEliminarMás tenía que investigar la GC los colegios y menos las pateras:
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/31/baleares/1346401552.html
Luego decimos que el PIB es bajo comparado conn Austria y Suecia...Basta ya de doble moral.
Estimado matasanos, te aconsejo que lleves tu rencor a otro lado
Eliminarno deberiamos copiar a los americanos sino defender nuestro sistema sanitario como uno de los mejores del mundo.
ResponderEliminarUn sistema sanitario es posible. Hay que acabar con el turismo sanitario, la duplicidad de pruebas, y crear una cartera de servicios mínima para los inmigrantes además de utilizar los fármacos no caducados del punto sigre para botiquines en los centro de salud y en los hospitales.
Dear Vicente,
ResponderEliminarThank you for this very clear ethical position. I hope this reform will be stopped. It's not only a Spanish problem, since xenophobia is expanding everywhere in Europe.
In France, there is a national health program for illegal immigrants called Aide médicale d'Etat (AME). The right wing government we had until May tried to limit the Aide Médicale d'Etat, introduced a fee (30 euros) and closed some centres helping the poor and the illegal immigrants. They pretended to speak in the name of the under middle class, since some people - especially the extremist populist party Front national - complained about paying for the public and for the private insurances whereas illegal immigrants could get free care. Fortunately, the actual left-wing government has a more human and rational approach. The fee was suspended. But for how long?
The fee is by far not the only problem. Except in the medical centres dedicated to the poor, more and more physicians refuse to take care of illegal immigrants, saying they have problems to get their fee reimbursed by the public insurance system. The same happens for the poor (French and legal immigrants earning less than 650 euros a month) covered by another national program: Couverture maladie universelle (CMU). Most of the time, the real reason is that the public insurance does not reimburse the charges exceeding the statutory fees, asked by more and more physicians. So they prefer people having private insurances. Ethics doesn't matter much when it comes to money, in a market-driven system.
An important point: estimations say most of the illegal immigrants (at least 70 to 80%) aren't informed about their rights, so they don't get any medical attention until they get to public hospitals with extremely severe conditions. Without prevention, without medical care, we see diseases like tuberculosis spread again. So even the ultracapitalists analysing only costs should recommend a health program for illegal immigrants, since costs are much higher for aggravating conditions treated in hospitals, for potential epidemics of infectious diseases and so on. Critics should think about this. (It's not my approach; I just try to give some arguments)
A last point to complete the picture, now that I've said so much ;)
The under middle class is in a difficult situation, too. The universal health insurance (régime général d'assurance-maladie) covers about 65 to 70% of the medical costs. Except for the poor covered by the CMU and for the illegal immigrants covered by the AME, everyone has to pay for a private insurance that covers the other 30%.
According to the last estimations, 29% of the French population (not including illegal immigrants) give up care because of financial costs, since they can't pay for a private insurance (and can't find physicians that don't charge excessive fees).
I'm not optimistic at all about the future. Except for the rich and for the pharmaceutical industry...
Sorry for this long development.
Best regards,
Elena