Debe ser bonito ir al Palacio de la Moncloa y dar la mano al presidente del Gobierno y a la ministra. Desde luego viste más una audiencia real con foto incluida. Creo que nunca accederé a ellas. Cuento las personas que se ven en la foto y que han ido a firmar de forma solemne
El Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y el Foro de la Profesión Médica y hay unas 60 personas apiñadas para la foto. Firmando un acuerdo, que en mi opinión, contiene palabras vacías, papel mojado. De buenas intenciones está enladrillado el infierno.
Veamos algunos de sus párrafos.
Para consolidar y garantizar la sostenibilidad y la calidad
de nuestro SNS, se considera indispensable un Pacto por la Sanidad, basado en
los siguientes criterios:
I.1.- Evitar que la
Sanidad sea objeto de confrontación partidista, revitalizando los consensos
políticos, profesionales y sociales fundamentales, de modo que el SNS, sea
defendido entre todos como uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar.
No hay ni un solo dato
en la reciente historia española de que esto se esté cumpliendo. Cualquier
conflicto en cualquier comunidad autónoma genera confrontación política
y no hay el más mínimo consenso con los profesionales. Véase Madrid.
I.2.- Garantizar
plenamente una asistencia sanitaria pública, gratuita, universal, equitativa,
de calidad, financiada mediante impuestos y cuya gestión se desarrolle conforme
plenamente a lo establecido en la Ley General de Sanidad.
Desde que el acceso a
la sanidad pública española está determinado por el aseguramiento o su falta,
se ha perdido la universalidadm y la gratuidad es mentira por los diferentes
copagos. Se financia por impuestos (no gratuita) y se determina su acceso por la
cotización o no a la Seguridad Social.
I.3.- Garantizar,
en el contexto actual, las condiciones básicas de los profesionales, dentro del
SNS, que sean competencia del Estado, según la legislación vigente.
Las condiciones
precarias de las nuevas contrataciones existen desde hace muchos años. La falta de
recursos en la sanidad pública para atender a las necesidades reconocidas por las
autoridades hacen de esta frase algo vacío. La gestión autonómica no va a volver
atrás.
I.4.- Definir un
nuevo modelo de financiación estable, suficiente, respetuoso con el principio
de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal y que sea coherente con los principios de
cohesión territorial, igualdad y equidad en el acceso a las prestaciones de
acuerdo a una cápita adecuada, impulsando las necesarias reformas en las
políticas presupuestarias de las Comunidades Autónomas (CCAA) para que sus
Presupuestos garanticen un gasto sanitario per cápita adecuado para la cartera
de servicios del SNS, evitando descensos significativos de asignación que
puedan reducir la provisión de servicios por debajo de los estándares de
calidad.
No se puede decir financiación
estable al descenso previsto de 7.000 millones de euros en sanidad. Un gasto
sanitario pero cápita adecuado será el que decida el Gobierno y punto.
En otros apartados se habla de:
La contratación con instituciones o centros privados se
podrá llevar a cabo en los supuestos y con los requisitos, condiciones y
estándares de calidad previstos en la Ley General de Sanidad, y normativas de
contratación pública y disposiciones de desarrollo, optimizando siempre los recursos propios del sistema sanitario
público.
Veáse la Comunidad de
Madrid.
Sobre el empleo médico. Se acuerda promover medidas en materia de
empleo, a través del Consejo Interterritorial del SNS (CISNS), con el objetivo de lograr un entorno profesional
favorable y una mejora de las condiciones de ejercicio profesional de los
médicos que sean apreciables en el conjunto del Sistema pero también por cada
profesional, estableciendo dicho objetivo como uno de los ejes centrales de las
políticas sanitarias y de la gestión de los recursos humanos en el SNS.
Suena a broma en estos
tiempos.
Asimismo, a estas alturas, se tiene que hacer un registro central de profesionales, hacer un desarrollo profesional, unidades de gestión clínica. A veces me parece estar leyendo una declaración de intenciones de hace 20 años. Hoy las cosas han cambiado rápidamente. Los gestores quieren desprenderse de la gestión directa del personal sanitario, entregando a empresas privadas todo el entramado, por lo que lo que se está diciendo en este documento carece de sentido racional. La realidad no se encamina en el sentido de una mejora de la gestión pública con los profesionales, sino en su desmantelamiento y entrega a la gestión privada que ya hará sus ajustes, condiciones, desarrollo profesional o lo que le dé la gana para mantener unos beneficios económicos con la financiación pública. Las administraciones públicas de todas las autonomías llevan años ofreciendo contratos precarios, sueldos disminuidos, incremento de la carga de trabajo de sus profesionales. Ahora ¿va a ser distinto en el contexto actual?
Generaciones de médicos bien formados en hospitales públicos solo acceden a trabajo precario en la administración o como falsos autónomos en aseguradoras o instituciones privadas. O la emigración pura y dura, a pesar de tener un porcentaje de residentes y médicos extracomunitarios muy importante.
A nada de eso da respuesta el documento y la foto. Lo siento, compañeros, me habéis defraudado mucho.
